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Aborto legal y seguro: una cuestión de derechos, una cuestión de democracia

Español: Feministas marcharon del Monumento a ...

Español: Feministas marcharon del Monumento a la madre al Zócalo de la Ciudad de México para exigir el aborto se legalice en todo el país. (Photo credit: Wikipedia)

Cada año, alrededor de 4 millones de mujeres en América Latina y El Caribe deciden –a plena conciencia- abortar. Las legislaciones en la región regulan la práctica, en márgenes que van desde la autorización limitada hasta la completa prohibición; sin embargo, en cualquiera de estas circunstancias, las mujeres hacemos ejercicio del derecho a decidir, y cuando decidimos, abortamos.

Para la mayoría de las mujeres en la región este acto de soberanía sobre la propia vida se hace en la clandestinidad, en condiciones inseguras e insalubres que vulneran la dignidad, la libertad y la salud. Las realidades más apremiantes se viven en Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana, donde el aborto se prohíbe en cualquier circunstancia. En aquellos países en que se autoriza su práctica por razones terapéuticas o de violencia sexual, el acceso al procedimiento está plagado de obstáculos a causa de una institucionalidad pública que permite la intromisión de sectores religiosos y conservadores que atentan contra la oportunidad de la realización del aborto. La negación de la interrupción voluntaria del embarazo en la legislación o en las acciones de salud es un mecanismo de poder y control sobre los cuerpos, la autonomía, la sexualidad y las decisiones reproductivas de las mujeres.

Mientras la interrupción del embarazo esté sujeta a la autorización de gobernantes, legisladores, jueces, médicos y religiosos –mayoría hombres, hijos sanos del patriarcado- a las mujeres se nos seguirá negando el reconocimiento, el respeto y la garantía de nuestra ciudadanía, ignorándonos como seres humanas plenas, capaces de tomar decisiones éticas sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Las democracias erigen como valores la autonomía, la soberanía y la libertad de los pueblos; sin embargo, estos valores son negados a las mujeres sobre el propio territorio de sus cuerpos. Obligarnos a llevar a término un embarazo que no deseamos o no estamos en condiciones de asumir es un acto de tortura que refuerza nuestra subordinación de género.

Parte del continente hoy se ufana de los avances democráticos logrados en las últimas décadas, mientras en varios países la democracia está seriamente amenazada. El cambio hacia gobiernos más progresistas ha tenido poco impacto en la vida de las mujeres en el campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Las mujeres interpelamos a la nueva izquierda latinoamericana, que no es tal si nuestros derechos y libertades no forman parte sustancial de los principios y propuestas políticas, económicas, sociales y culturales que la inspiran. El bien vivir es laico; caso contrario, es un reciclaje del discurso que da prelación al embrión por sobre los derechos de las mujeres, y que reproduce las dobles morales y los dobles estándares que legitiman –por acción u omisión- que los curas exijan más nacimientos, mientras sus abusos sexuales contra niñas y niños quedan impunes.

En este 28 de Septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, exigimos y demandamos de nuestros Estados:

– Las condiciones para que la realización del aborto sea legal, gratuita, segura y accesible para todas las mujeres que lo decidan.

– El cese de las persecuciones judiciales, selectivas y abusivas de mujeres que han abortado, las cuales afectan mayormente a las mujeres más pobres. El encarcelamiento de mujeres por esta causa en nuestros países constituye una injusticia incalificable.

– Medidas urgentes para evitar que la objeción de conciencia en hospitales públicos y otros contextos institucionales se convierta en un obstáculo al ejercicio de derechos o ponga en peligro la salud o las vidas de las mujeres.

– Acciones para garantizar la seguridad de las defensoras de los derechos de las mujeres, en particular los sexuales y los reproductivos, en todos aquellos países donde éstas enfrentan persecuciones, intimidación y amenazas.

– Reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia, evitando injerencias indebidas de extremistas religiosos que afecten la realización de reformas legales y/o la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a mejorar la salud de las mujeres y el ejercicio de sus derechos.

– Seguiremos luchando para que nuestros Estados sean laicos y nuestras democracias nos respeten como ciudadanas plenas porque EL ABORTO LEGAL Y SEGURO ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS Y UNA CUESTIÓN DE DEMOCRACIA.

 

fonte: CLAM

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La deuda social con los jóvenes indígenas

Por: Alejandro Rebossio 20 de abril de 2012

De tan previsible puede que no sea noticia. Los jóvenes indígenas de Latinoamérica, los descendientes de los más antiguos pobladores de la región, reciben menos educación formal y están menos insertados en el mercado laboral que sus colegas de la misma edad que no pertenecen a esas etnias. Así lo confirma un informe que a finales de 2011 publicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y que se titula Salud de la población joven indígena en América Latina. Este reporte indagaba en la situación socioeconómica de los jóvenes de los pueblos originarios para comprender las causas de sus condiciones sanitarias peores que las del resto de la población. Pocas horas después de que ayer se celebrara el Día del Aborigen Americano, es una buena oportunidad para indagar sobre la deuda social para con él.

La educación es un factor clave para la distribución del ingreso. El analfabetismo, consecuencia de la falta de instrucción escolar, afecta sobre todo a los jóvenes indígenas de 15 a 24 años de Guatemala, Paraguay y Venezuela. Allí entre 20% y 30% no sabe leer ni escribir. En Brasil, Costa Rica, Honduras y México el analfabetismo de este sector de la población oscila entre el 10% y el 20%. En Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú los jóvenes indígenas analfabetos representan menos del 10% del total. En todos los países, con la excepción de Nicaragua, es mayor la proporción de jóvenes indígenas que no saben leer ni escribir que la de los no indígenas.

Los programas de alfabetización y de extensión de la cobertura de la educación primaria han llevado a que entre los jóvenes indígenas haya una proporción menor de analfabetos que entre sus padres y abuelos. Claro que esos programas han sido aún más efectivos para enseñar a leer y a escribir a las nuevas generaciones de otras etnias. Esto se percibe en Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay y Venezuela. A su vez, las jóvenes se encuentran en una situación aún peor que los varones, en particular las costarricenses, panameñas, paraguayas y venezolanas.

Los jóvenes indígenas suelen estudiar menos años que los que no lo son. En Guatemala pasan por la escuela menos de cuatro años de media, una cantidad de tiempo que no permite al alumno escribir ni leer en forma correcta. En Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela cursan entre cuatro y seis años. En México y Nicaragua, de seis a ocho y en Argentina, Chile, Bolivia y Perú, más de ocho. En materia de años de escolaridad, los argentinos y nicaragüenses indígenas no están muy por debajo de los que no lo son, mientras que los panameños y los paraguayos son los que más sufren la desigualdad étnica.

En cuanto a la inserción laboral, el 47,1% de los jóvenes indígenas trabaja o busca empleo, mientras que el 57,2% de los que no lo son se encuentra en la misma situación. Esta diferencia puede estar explicada en parte porque los censos poblaciones a veces no registran como trabajadores a aquellos que se encuentran empleados en unidades productivas familiares.

Los adolescentes de 15 a 19 años de los pueblos originarios suelen comenzar a trabajar antes que el resto. Sin distinción de etnias, las jóvenes están menos insertadas en el mercado de trabajo que los varones, pero en el caso de las indígenas las estadísticas suelen desconocer sus actividades productivas tradicionales. Es en Costa Rica, Guatemala y Honduras donde las jóvenes de los pueblos originarios se hallan menos integradas al mundo laboral.

“Investigaciones recientes muestran una evidente relación entre los niveles de escolaridad de los jóvenes y su inserción en el mercado del trabajo”, recuerda el documenta de la CEPAL. “En consecuencia, si se toma en consideración que los indígenas tienen menos años de estudio que los no indígenas, su participación en la actividad económica se ve restringida a los empleos de menor calidad, de más bajos ingresos y con menor protección social. Más aun, en contextos modernos, esta situación de detrimento expone a los jóvenes a los empleos de mayor peligro”, advierte la organización que dirige Alicia Bárcena.

La CEPAL también señala que “el mayor acceso a la educación formal alcanzado por los jóvenes indígenas en el marco de modelos de aprendizaje homogeneizantes bien podría entrar en contradicción con sus derechos colectivos como miembros de pueblos diferenciados culturalmente”. Por eso la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los programas educacionales deben responder a las necesidades particulares de los pueblos indígenas y tener en cuenta su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

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