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“La élite conservadora cree que la mano dura es la manera de enfrentar la desigualdad en América Latina”

En toda la región los ingresos percibidos por el 20% más rico de la población son 19.3 veces más que los percibidos por el quintil más pobre, según un informe de la ONG InspirAction

 

Una indígena Aymara en la ciudad boliviana de Tiwanaku.

Una indígena Aymara en la ciudad boliviana de Tiwanaku.- DAVID MERCADO (REUTERS)

“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder”. Y el sur del continente americano lleva siglos especializándose en perder. Es así como lo veía Eduardo Galeano en su popular libro Las venas abiertas de América Latina, en el que se analiza las razones el subdesarrollo del continente debido a su obediencia a Estados Unidos. Ahora, las causas y consecuencias de las profundas diferencias sociales han sido abordadas en un informe publicado por la ONG InspirAction llamado ‘El escándalo de la desigualdad en América Latina y el Caribe’. El texto analiza cómo la brecha entre los ricos y los extremadamente pobres alimenta la delincuencia y la inestabilidad mientras las élites acomodadas se resisten a aceptar cambios estructurales que elevarían los niveles de vida de los más pobres.

“La desigualdad recorre cinco siglos de discriminación racial, étnica y de género, con ciudadanos de primera y segunda categoría. Recorre una modernización hecha sobre la base de la peor distribución del ingreso del mundo”,

explica en el informe Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Aunque ha habido importantes avances en la última década, a día de hoy en toda la región los ingresos percibidos por el 20% más rico de la población son todavía en promedio 19.3 veces más que los percibidos por el quintil más pobre.

Unas cifras que se vuelven más crudas cuando se observan casos como el de Honduras, donde ese 20% más rico tiene 33 veces más ingresos que el quintil más pobre. Y fue precisamente en ese país donde el intento del presidente Zelaya de poner coto a esas desigualdades le costó un golpe de Estado perpetrado por los sectores más conservadores y fieles a la defensa de los intereses de Estados Unidos y sus propios privilegios.

“La desigualdad recorre cinco siglos de discriminación racial, étnica y de género”

Como detalla en el informe Martín Rodríguez Pellecer, editor jefe del diario independiente guatemalteco Plaza Pública,

el factor que provoca más violencia en Centroamérica es la desigualdad, pero la mayor parte de la élite del país no quiere aceptarlo. ¿Que si es una elite conservadora? No, ultraconservadora. Siempre han creído que las políticas de mano dura y represión son la manera de enfrentar las consecuencias de la desigualdad”.

La misma suerte de Zelaya tuvo en junio de este año Fernando Lugo en Paraguay.

Por el contrario, según la CEPAL, los países que están haciendo algunos progresos son Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador en zonas urbanas y Venezuela, Nicaragua, Paraguay y Argentina en zonas metropolitanas. Y algo tienen en común, y es que todos tienen, o han tenido recientemente, gobiernos progresistas surgidos después de las crisis económicas que sobrevinieron en el continente después de largos años de gestión neoliberal ejecutada según los Consensos de Washington.

La labor de los gobiernos bolivarianos

El informe de InspirAction detalla que los avances destacados más recientes son la reformulación del régimen de impuestos sobre los hidrocarburos en Bolivia, que ha proporcionado recursos para nuevos programas de protección social y las emprendidas por Ecuador, entre ellas su exitosa cesación del pago de la deuda, emprendida para facilitar más gasto social, así como sus intentos por asegurar financiamiento para el cambio climático a cambio de renunciar a la exploración de petróleo.

“Si algo en común encuentran los presidentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador cuando llegan al gobierno en 1999, 2006 y 2007 respectivamente, es la extrema desigualdad que viven esos países, fruto de un colonialismo histórico, pero agravada en los últimos años por las políticas neoliberales impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a partir del Consenso de Washington”,

relata a Público Katu Arkonada, analista político y exasesor del Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado en Bolivia. Para estos gobiernos de una izquierda latinoamericana renovada la lucha contra la pobreza y la desigualdad ha sido una prioridad en la agenda política.

“El principal reto que se encuentran estos gobiernos al llegar al poder es una muy mala redistribución de la renta por un lado, el no control de los procesos técnicos de industrialización de sus recursos naturales, en manos de las transnacionales, y el no tener una industria productiva consolidada pues son países que históricamente no vivieron un desarrollo industrial”,

continúa Arkonada, quien fue testigo de la labor que tuvo que hacer el ejecutivo de Evo Morales cuando tuvo que hacerse cargo de Bolivia.

“Si algo en común encuentran los presidentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador es la extrema desigualdad que viven esos países”

Así, estos gobiernos han impulsado políticas públicas en dos niveles. Por un lado, medidas redistributivas mediante programas de transferencias directas a aquellas personas que más las necesitan. Es el caso de bonos de desarrollo humano para incrementar la renta de las familias del campo, bonos a las embarazadas para garantizar la salud de los recién nacidos, bonos a los más ancianos para garantizar unos ingresos mínimos o bonos a los estudiantes para garantizar su escolarización. “Esto provoca una inmediata disminución de la pobreza y de la desigualdad, elevando el nivel de renta de los sectores populares”.

En segundo lugar, estos gobiernos han tratado de cambiar su modelo productivo a través de las nacionalizaciones de las empresas de petróleo y gas. También “se ha comenzado un proceso de industrialización que claramente está dando sus frutos en Venezuela, generando formas de economía mixta hacia el socialismo con empresas estatales, bajo control de los trabajadores, o mixtas, y es mas incipiente en Bolivia o Ecuador, pero también los sectores económicos estratégicos están siendo controlados por el Estado”, relata Katu Arkonada.

Según los datos de la CEPAL, ni Ecuador, Bolivia o Venezuela ocupan un lugar entre los países más pobres de América Latina, siendo en el caso de Venezuela el tercer lugar de los países con menor porcentaje de pobreza. Para Arkonada, “desde luego los procesos de cambio que se están viviendo en el continente, donde más allá de las denominaciones que les demos, hay algunos rasgos comunes como el destierro del neoliberalismo, la vuelta del Estado y una redistribución de las rentas petroleras o gasíferas que por primera vez llega a los sectores populares, junto con nuevas constituciones, donde como en el caso de Bolivia o Ecuador se plantean nuevos paradigmas que nos ayuden a repensar el desarrollo en armonía con la naturaleza, nos invitan a ser optimistas”.

Fonte: Publico.es

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Aborto legal y seguro: una cuestión de derechos, una cuestión de democracia

Español: Feministas marcharon del Monumento a ...

Español: Feministas marcharon del Monumento a la madre al Zócalo de la Ciudad de México para exigir el aborto se legalice en todo el país. (Photo credit: Wikipedia)

Cada año, alrededor de 4 millones de mujeres en América Latina y El Caribe deciden –a plena conciencia- abortar. Las legislaciones en la región regulan la práctica, en márgenes que van desde la autorización limitada hasta la completa prohibición; sin embargo, en cualquiera de estas circunstancias, las mujeres hacemos ejercicio del derecho a decidir, y cuando decidimos, abortamos.

Para la mayoría de las mujeres en la región este acto de soberanía sobre la propia vida se hace en la clandestinidad, en condiciones inseguras e insalubres que vulneran la dignidad, la libertad y la salud. Las realidades más apremiantes se viven en Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana, donde el aborto se prohíbe en cualquier circunstancia. En aquellos países en que se autoriza su práctica por razones terapéuticas o de violencia sexual, el acceso al procedimiento está plagado de obstáculos a causa de una institucionalidad pública que permite la intromisión de sectores religiosos y conservadores que atentan contra la oportunidad de la realización del aborto. La negación de la interrupción voluntaria del embarazo en la legislación o en las acciones de salud es un mecanismo de poder y control sobre los cuerpos, la autonomía, la sexualidad y las decisiones reproductivas de las mujeres.

Mientras la interrupción del embarazo esté sujeta a la autorización de gobernantes, legisladores, jueces, médicos y religiosos –mayoría hombres, hijos sanos del patriarcado- a las mujeres se nos seguirá negando el reconocimiento, el respeto y la garantía de nuestra ciudadanía, ignorándonos como seres humanas plenas, capaces de tomar decisiones éticas sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Las democracias erigen como valores la autonomía, la soberanía y la libertad de los pueblos; sin embargo, estos valores son negados a las mujeres sobre el propio territorio de sus cuerpos. Obligarnos a llevar a término un embarazo que no deseamos o no estamos en condiciones de asumir es un acto de tortura que refuerza nuestra subordinación de género.

Parte del continente hoy se ufana de los avances democráticos logrados en las últimas décadas, mientras en varios países la democracia está seriamente amenazada. El cambio hacia gobiernos más progresistas ha tenido poco impacto en la vida de las mujeres en el campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Las mujeres interpelamos a la nueva izquierda latinoamericana, que no es tal si nuestros derechos y libertades no forman parte sustancial de los principios y propuestas políticas, económicas, sociales y culturales que la inspiran. El bien vivir es laico; caso contrario, es un reciclaje del discurso que da prelación al embrión por sobre los derechos de las mujeres, y que reproduce las dobles morales y los dobles estándares que legitiman –por acción u omisión- que los curas exijan más nacimientos, mientras sus abusos sexuales contra niñas y niños quedan impunes.

En este 28 de Septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, exigimos y demandamos de nuestros Estados:

– Las condiciones para que la realización del aborto sea legal, gratuita, segura y accesible para todas las mujeres que lo decidan.

– El cese de las persecuciones judiciales, selectivas y abusivas de mujeres que han abortado, las cuales afectan mayormente a las mujeres más pobres. El encarcelamiento de mujeres por esta causa en nuestros países constituye una injusticia incalificable.

– Medidas urgentes para evitar que la objeción de conciencia en hospitales públicos y otros contextos institucionales se convierta en un obstáculo al ejercicio de derechos o ponga en peligro la salud o las vidas de las mujeres.

– Acciones para garantizar la seguridad de las defensoras de los derechos de las mujeres, en particular los sexuales y los reproductivos, en todos aquellos países donde éstas enfrentan persecuciones, intimidación y amenazas.

– Reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia, evitando injerencias indebidas de extremistas religiosos que afecten la realización de reformas legales y/o la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a mejorar la salud de las mujeres y el ejercicio de sus derechos.

– Seguiremos luchando para que nuestros Estados sean laicos y nuestras democracias nos respeten como ciudadanas plenas porque EL ABORTO LEGAL Y SEGURO ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS Y UNA CUESTIÓN DE DEMOCRACIA.

 

fonte: CLAM

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James Petras: “O golpe no Paraguai surge pelas debilidades de Lugo”

English: The President Fernando Lugo in Indepe...

Entrevista de James Petras (sociólogo e analista político norte-americano, estudioso sobre o imperialismo e a América Latina) a Chury Iribarne, da Rádio Centenário, de Montevideo (Uruguai), através dewww.radio36.com.uy (Do portal aporrea.org, postagem de 28/06/2012; reproduzida apenas a parte referente ao golpe de Estado no Paraguai).

James Petras: Há vários ângulos que devemos tratar. Primeiro, é certo que o golpe parlamentar contra o presidente (Fernando) Lugo é parte de um esforço dos Estados Unidos de recuperar influência, junto a seus sócios oligárquicos na América Latina, como no caso de Honduras onde tiveram êxito. Mas este golpe surge pelas debilidades de Lugo. Temos que considerar que nos últimos quatro anos o presidente Fernando Lugo vinha combinando políticas com os golpistas, com os latifundiários, vinha freando os campesinos, desalojando-os de todas as ocupações. De maneira tal que a oligarquia pode aproveitar de seu desprestígio diante do choque armado que deixou 50 feridos e 11 campesinos mortos, para atacá-lo no momento em que Lugo está envolvido. Inclusive seu ministro do Interior renunciou depois dos assassinatos; com isto abre caminho para que a direita tome o poder.

Discordo totalmente de todas as forças progressistas que estão pintando Lugo como ‘grande amigo da democracia e das mudanças sociais’ na América Latina. O que é correto, até certo ponto, é que o Paraguai participou no Mercosul, colaborou com o Brasil de alguma forma a favor de maior ampliação da participação na América Latina. Mas, por outro lado, firmou acordos com (o ex-presidente colombiano Álvaro) Uribe – o pior assassino da região – para o treinamento de forças especiais de repressão; firmou acordos com o Pentágono para estender as operações norte-americanas na América Latina: reprime os campesinos nos quatro anos que levava de governo traindo as promessas que fez na sua campanha eleitoral. Não é nada um progressista. Apesar de (Hugo) Chávez, Evo Morales e todos os demais o chamarem um líder progressista, não o é.

Porém, ao mesmo tempo, devemos entender que o golpe é para criar um regime mais à direita, mais pró norte-americano, mais anti-latino-americano. Por esta razão, devemos dizer que temos de nos opor ao golpe porque é mais um passo do imperialismo na América Latina. Mas de maneira alguma devemos pintar o regime como um governo progressista.

O que sim devemos fazer é analisar por que ocorre este golpe. Devemos dizer que ocorre porque o Paraguai criou espaço para os golpistas. O governo de Lugo, para dizer francamente, não poderia convocar mais de mil participantes num protesto. Inclusive quando ocorre o golpe, Lugo foi pra sua casa sem convocar nenhuma mobilização. O fato é que ele se desculpa dizendo que não queria que houvesse mortes, que não queria sangue nas ruas. Fez uma capitulação, e só depois que toda América Latina se levantou contra os golpistas, ele saiu a dizer que era um golpe, que era ruim, que não devíamos reconhecer os golpistas. Mas perdeu a oportunidade da iniciativa.

Agora, como respondem os países da América Latina? Chávez, à frente, rompe relações e suspende a venda de petróleo. De outro lado, o Brasil não rompe relações e inclusive diz que não há nada a fazer e que devemos esperar para ver como os acontecimentos vão evoluir. Neste sentido, o Brasil está protegendo seus grandes investidores, latifundiários, que têm ocupado enormes faixas de terra do Paraguai. O Brasil de (Dilma) Rousseff não toma posição contra os golpistas, simplesmente se pronuncia sobre algumas coisas folclóricas. (Ver observação abaixo)

E entre as duas posições, a de princípios de Chávez e a do Brasil, estão os demais presidentes, como Cristina (Fernández) que decidiu que a Argentina retirasse seu embaixador. É uma grande revelação que os governantes da  América Latina se preocupam, pois um golpe deste estilo pode se repetir em outros países. É uma grande preocupação, já que uma vez iniciados tais golpes pode se dar um efeito dominó. Mas como disse, à exceção do Brasil. E isto temos que anotar, porque há gente que diz que Rousseff é progressista, que tem uma grande preocupação pela democracia. Mas quando ocorre um fato de grande importância, toma posições de apoio aos golpistas.

Chury Iribarne: Quando se reprimiu os campesinos paraguaios, o próprio Lugo declarou que mandou a Polícia e em seguida o Exército, para reforçar a operação contra os campesinos.

JP: Exatamente. Mas acontece que lendo comentaristas da esquerda, eles não mencionam de forma alguma a ação repressiva do Ministério do Interior paraguaio, não mencionam sequer a renúncia do ministro do Interior de Lugo logo após o massacre que deixou 17 mortos e dezenas de feridos. Foi um dos piores massacres cometidos pelo governo de Lugo e depois toda a esquerda fala somente sobre o golpe de Estado, sem levar em conta as políticas de Lugo, o desprestígio do seu governo, coisas como o massacre que facilitaram o golpe.

Por essa razão, isto é um aviso a todos os governos progressistas na América Latina, de que não se pode construir nada progressista em aliança com a oligarquia, com os latifundiários, os donos de grandes plantações… É um mito.

Agora o podemos ver na Bolívia, onde há um levantamento de polícias, sub-oficiais, que pedem um salário mínimo de 287 dólares, que não é uma grande reivindicação, mas a política fiscal conservadora com 13 bilhões nas reservas do Banco Central, em vez de atender às reivindicações se pôs contra falando em golpe de Estado.

As medidas da polícia são extremas, são violentas, e podem provocar consequencias muito negativas. Evo Morales deve deixar de gritar “lobo” toda vez que haja um protesto de professores, campesinos, mineiros ou agora a polícia. Isso de gritar “golpe, golpe” cada vez que se enfrenta um protesto, não dá resultado porque um dia o golpe pode ocorrer e ninguém vai acreditar.

Melhor é refletir sobre toda a política de rendas e salários. Quando a Bolívia tem ganho tantos milhares de milhões com a venda de minerais e energia, deve repensar a política de rendas e aceitar subir o salário de policiais a 287 dólares e não apenas dar migalhas com aumentos de 7%. Não se pode viver assim. Creio inclusive que vão se multiplicar os protestos, não vão ser só os policiais.

Agora, isso pode ser aproveitado pela direita ou pela ultradireita para explorar essas debilidades do governo junto aos setores populares, e aproveitar para orientá-las no rumo de seus próprios objetivos. Não há dúvida de que a direita pode meter-se no protesto policial, porém a forma de evitar isso não é gritar “golpe, golpe”, e sim repensar a política social do governo.

Dizem que aumentam os salários, mas diante dos recursos que recebe cada ano a Bolívia pela venda de estanho, cobre, ouro, etc, é proporcionalmente pouco o que se investe em melhoria salarial e isso cria vulnerabilidades em duas frentes: a direita e os movimentos populares. A essa combinação poucos governos podem resistir, como o caso de Lugo o demonstra.

CI: Se pode falar de novo modelo do império para derrubar governos que não querem? Por exemplo, o que ocorreu com a primavera árabe ou este golpe parlamentar no Paraguai.

JP: Mas isso não é novo, lembre que o golpe de Estado no Uruguai começou com (Juan María) Bordaberry, que foi um presidente eleito e que aproveitou seus poderes legislativos e executivos para terminar com a democracia e iniciar a repressão militar, assassinatos e torturas. Não é acidental.

A mesma coisa na Argentina, no ano de 1974, dois anos antes do golpe de Estado, a senhora Perón (Izabelita) lançou com “la Triple A” (AAA/Aliança Anticomunista Argentina, semelhante, no Brasil, ao CCC/Comando de Caça aos Comunistas) uma série de assassinatos e torturas, repressão feroz contra todos os setores populares. O que se chamou de “golpe branco” foi realmente o começo do golpe de Estado, com a característica de manter a fachada parlamentar, mas inserido nisso estava a política de militarização e repressão.
(…)
Assumir responsabilidades políticas sem capacidade de cumprir o que se promete nas eleições é uma forma de suicídio político. Isso aconteceu com Lugo. Fez promessas, chegou a presidente, se declarou impotente frente ao Senado, termina colaborando e termina desprestigiado e jogado fora pelo poder. É a fórmula que utiliza a direita quando entram progressistas no governo, limitar sua capacidade de atuar, desprestigiá-los e logo voltar ao poder.

CI: E ainda por cima semeiam um mal exemplo a seguir.

JP: Sim. A única forma de repetir e ganhar poder é como faz (o presidente da República Bolivariana da Venezuela Hugo) Chávez, quando tem o poder utilizá-lo, aplicar medidas populares que acumulam forças. Essa é a forma de continuidade, de reeleição, de conseguir mais maiorias, demonstrar que é realmente um governo. Porque o povo está acostumado com políticos burgueses que prometem todo tipo de reformas quando estão em campanha e quando chegam ao governo lhe dão as costas.

Neste sentido, a esquerda temos que demonstrar que somos diferentes, que não vamos conciliar com nossos inimigos, não vamos enganar o povo. Concretamente, se dizemos que apoiamos os campesinos, implementamos uma reforma agrária; utilizando o exército se necessário para impor a reforma agrária contra os pistoleiros dos latifundiários. Como o fez Chávez, que mandou a Guarda Nacional, por isso mais de 300 mil campesinos receberam terras, no que pese que alguns sofreram pois houve mortos, mas em geral a reforma marcha e o campo na grande maioria vai votar em Chávez, muito mais que na cidade. Ocorre o mesmo com os bairros populares, que votam em sua maioria em Chávez.

Por que 60 ou 70% dos pobres votam em Chávez? Porque seus problemas vão sendo resolvidos, receberam moradias, se implementam uma cesta barata de alimentos e tratamento de saúde gratuito. E o que fez Lugo, a exemplo de tais iniciativas? Nada. Então não podemos comparar com o que ocorreu no Paraguai, que é o oposto do que tem feito Chávez para manter seu poder na Venezuela.

(…)

Observação do Evidentemente: A crítica ao governo brasileiro, neste caso, me parece exagerada. Claro que a reação inicial do Brasil foi acanhada, mas a presidenta Dilma lembrou, logo no primeiro momento, a possibilidade de expulsão do Paraguai do Mercosul e da Unasul. A verdade é que Petras, com carradas de razões, tem uma posição bastante crítica sobre as concessões à direita feitas pelos governos petistas.

Tradução: Jadson Oliveira

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