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“La élite conservadora cree que la mano dura es la manera de enfrentar la desigualdad en América Latina”

En toda la región los ingresos percibidos por el 20% más rico de la población son 19.3 veces más que los percibidos por el quintil más pobre, según un informe de la ONG InspirAction

 

Una indígena Aymara en la ciudad boliviana de Tiwanaku.

Una indígena Aymara en la ciudad boliviana de Tiwanaku.- DAVID MERCADO (REUTERS)

“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder”. Y el sur del continente americano lleva siglos especializándose en perder. Es así como lo veía Eduardo Galeano en su popular libro Las venas abiertas de América Latina, en el que se analiza las razones el subdesarrollo del continente debido a su obediencia a Estados Unidos. Ahora, las causas y consecuencias de las profundas diferencias sociales han sido abordadas en un informe publicado por la ONG InspirAction llamado ‘El escándalo de la desigualdad en América Latina y el Caribe’. El texto analiza cómo la brecha entre los ricos y los extremadamente pobres alimenta la delincuencia y la inestabilidad mientras las élites acomodadas se resisten a aceptar cambios estructurales que elevarían los niveles de vida de los más pobres.

“La desigualdad recorre cinco siglos de discriminación racial, étnica y de género, con ciudadanos de primera y segunda categoría. Recorre una modernización hecha sobre la base de la peor distribución del ingreso del mundo”,

explica en el informe Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Aunque ha habido importantes avances en la última década, a día de hoy en toda la región los ingresos percibidos por el 20% más rico de la población son todavía en promedio 19.3 veces más que los percibidos por el quintil más pobre.

Unas cifras que se vuelven más crudas cuando se observan casos como el de Honduras, donde ese 20% más rico tiene 33 veces más ingresos que el quintil más pobre. Y fue precisamente en ese país donde el intento del presidente Zelaya de poner coto a esas desigualdades le costó un golpe de Estado perpetrado por los sectores más conservadores y fieles a la defensa de los intereses de Estados Unidos y sus propios privilegios.

“La desigualdad recorre cinco siglos de discriminación racial, étnica y de género”

Como detalla en el informe Martín Rodríguez Pellecer, editor jefe del diario independiente guatemalteco Plaza Pública,

el factor que provoca más violencia en Centroamérica es la desigualdad, pero la mayor parte de la élite del país no quiere aceptarlo. ¿Que si es una elite conservadora? No, ultraconservadora. Siempre han creído que las políticas de mano dura y represión son la manera de enfrentar las consecuencias de la desigualdad”.

La misma suerte de Zelaya tuvo en junio de este año Fernando Lugo en Paraguay.

Por el contrario, según la CEPAL, los países que están haciendo algunos progresos son Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador en zonas urbanas y Venezuela, Nicaragua, Paraguay y Argentina en zonas metropolitanas. Y algo tienen en común, y es que todos tienen, o han tenido recientemente, gobiernos progresistas surgidos después de las crisis económicas que sobrevinieron en el continente después de largos años de gestión neoliberal ejecutada según los Consensos de Washington.

La labor de los gobiernos bolivarianos

El informe de InspirAction detalla que los avances destacados más recientes son la reformulación del régimen de impuestos sobre los hidrocarburos en Bolivia, que ha proporcionado recursos para nuevos programas de protección social y las emprendidas por Ecuador, entre ellas su exitosa cesación del pago de la deuda, emprendida para facilitar más gasto social, así como sus intentos por asegurar financiamiento para el cambio climático a cambio de renunciar a la exploración de petróleo.

“Si algo en común encuentran los presidentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador cuando llegan al gobierno en 1999, 2006 y 2007 respectivamente, es la extrema desigualdad que viven esos países, fruto de un colonialismo histórico, pero agravada en los últimos años por las políticas neoliberales impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a partir del Consenso de Washington”,

relata a Público Katu Arkonada, analista político y exasesor del Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado en Bolivia. Para estos gobiernos de una izquierda latinoamericana renovada la lucha contra la pobreza y la desigualdad ha sido una prioridad en la agenda política.

“El principal reto que se encuentran estos gobiernos al llegar al poder es una muy mala redistribución de la renta por un lado, el no control de los procesos técnicos de industrialización de sus recursos naturales, en manos de las transnacionales, y el no tener una industria productiva consolidada pues son países que históricamente no vivieron un desarrollo industrial”,

continúa Arkonada, quien fue testigo de la labor que tuvo que hacer el ejecutivo de Evo Morales cuando tuvo que hacerse cargo de Bolivia.

“Si algo en común encuentran los presidentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador es la extrema desigualdad que viven esos países”

Así, estos gobiernos han impulsado políticas públicas en dos niveles. Por un lado, medidas redistributivas mediante programas de transferencias directas a aquellas personas que más las necesitan. Es el caso de bonos de desarrollo humano para incrementar la renta de las familias del campo, bonos a las embarazadas para garantizar la salud de los recién nacidos, bonos a los más ancianos para garantizar unos ingresos mínimos o bonos a los estudiantes para garantizar su escolarización. “Esto provoca una inmediata disminución de la pobreza y de la desigualdad, elevando el nivel de renta de los sectores populares”.

En segundo lugar, estos gobiernos han tratado de cambiar su modelo productivo a través de las nacionalizaciones de las empresas de petróleo y gas. También “se ha comenzado un proceso de industrialización que claramente está dando sus frutos en Venezuela, generando formas de economía mixta hacia el socialismo con empresas estatales, bajo control de los trabajadores, o mixtas, y es mas incipiente en Bolivia o Ecuador, pero también los sectores económicos estratégicos están siendo controlados por el Estado”, relata Katu Arkonada.

Según los datos de la CEPAL, ni Ecuador, Bolivia o Venezuela ocupan un lugar entre los países más pobres de América Latina, siendo en el caso de Venezuela el tercer lugar de los países con menor porcentaje de pobreza. Para Arkonada, “desde luego los procesos de cambio que se están viviendo en el continente, donde más allá de las denominaciones que les demos, hay algunos rasgos comunes como el destierro del neoliberalismo, la vuelta del Estado y una redistribución de las rentas petroleras o gasíferas que por primera vez llega a los sectores populares, junto con nuevas constituciones, donde como en el caso de Bolivia o Ecuador se plantean nuevos paradigmas que nos ayuden a repensar el desarrollo en armonía con la naturaleza, nos invitan a ser optimistas”.

Fonte: Publico.es

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Evo Morales asegura que más del 90% de las comunidades consultadas apoyan carretera — teleSUR

 

El jefe de Estado boliviano confía en la expresión popular de las comunidades indígenas para saber si se construirá una carretera en el Tipnis (Foto:Archivo)

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró este sábado que conoce que de las 23 comunidades que hasta ahora han sido consultadas por la intangibilidad del Tipnis, 22 apoyan la construcción de la misma y solo una se opone, lo cual representa más del 90 por ciento de respaldo a la carretera en el territorio indígena.
 El presidente Evo Morales informó este sábado que de las 23 comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que han sido consultadas hasta el momento, 22 están de acuerdo con la construcción de la carretera, sólo una se opuso a que la vía pase por la reserva.

El Mandatario boliviano ofreció estos datos en un acto donde participó en la entrega de la avenida asfaltada Daniel Campos, en Cochabamba (centro del país), donde aseguró que hasta ahora “es una conciencia del movimiento indígena dentro del Parque Nacional Isiboro Sécure la que se está expresando”.

Agregó que si las comunidades aborígenes que habitan en el Tipnis autorizan el proyecto, se tendrá que diseñar “un camino ecológico” para el tramo que atraviese el Tipnis, que, a su juicio, debería ser “subterráneo” para resguardar el bosque, pero también para atraer turistas.

El pasado 29 de julio se inauguró el proceso de consulta en las comunidades de Oromomo y San Miguelito, el mismo que debe llegar a las 69 comunidades, incluidas las dos donde se comenzó. Está previsto que la consulta culmine a finales de agosto y los resultados se conozcan la primera semana de septiembre.

Durante la entrega de la avenida asfaltada Daniel Campos, Morales recordó que la oposición, al igual que algunas Organizaciones No Gubernamentales y dirigentes indígenas manejaron el tema con fines políticos e intereses económicos.

Los grupos indígenas consultados se pronunciarán sobre la intangibilidad de la reserva y la construcción de la vía Villa Tunari – San Ignacio de Moxos (Cochabamba – Beni).

Desde finales de 2011 la construcción de la vía que atravesaría el Parque Nacional Isiboro Sécure generó disputa entre los indígenas bolivianos. La población aborigen del Consejo Indígena del Sur (Conisur), apoyan la construcción de un tramo de carretera que pertenece a un proyecto de vialidad entre dos estados bolivianos.

Por otro lado, la Central Indígena del Oriente Boliviano, respaldados por organizaciones políticas, se opone a dicha construcción por considerar que violaría la vulnerabilidad del reservorio natural.

fonte:  TeleSur
 Meu comentáriono Brasil sequer se consultaria a população indígena, afinal, não consideramos aqui que os mesmos sejam cidadãos como os demais. Parabéns ao Estado Plurinacional Boliviano.

 

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La deuda social con los jóvenes indígenas

Por: Alejandro Rebossio 20 de abril de 2012

De tan previsible puede que no sea noticia. Los jóvenes indígenas de Latinoamérica, los descendientes de los más antiguos pobladores de la región, reciben menos educación formal y están menos insertados en el mercado laboral que sus colegas de la misma edad que no pertenecen a esas etnias. Así lo confirma un informe que a finales de 2011 publicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y que se titula Salud de la población joven indígena en América Latina. Este reporte indagaba en la situación socioeconómica de los jóvenes de los pueblos originarios para comprender las causas de sus condiciones sanitarias peores que las del resto de la población. Pocas horas después de que ayer se celebrara el Día del Aborigen Americano, es una buena oportunidad para indagar sobre la deuda social para con él.

La educación es un factor clave para la distribución del ingreso. El analfabetismo, consecuencia de la falta de instrucción escolar, afecta sobre todo a los jóvenes indígenas de 15 a 24 años de Guatemala, Paraguay y Venezuela. Allí entre 20% y 30% no sabe leer ni escribir. En Brasil, Costa Rica, Honduras y México el analfabetismo de este sector de la población oscila entre el 10% y el 20%. En Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú los jóvenes indígenas analfabetos representan menos del 10% del total. En todos los países, con la excepción de Nicaragua, es mayor la proporción de jóvenes indígenas que no saben leer ni escribir que la de los no indígenas.

Los programas de alfabetización y de extensión de la cobertura de la educación primaria han llevado a que entre los jóvenes indígenas haya una proporción menor de analfabetos que entre sus padres y abuelos. Claro que esos programas han sido aún más efectivos para enseñar a leer y a escribir a las nuevas generaciones de otras etnias. Esto se percibe en Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay y Venezuela. A su vez, las jóvenes se encuentran en una situación aún peor que los varones, en particular las costarricenses, panameñas, paraguayas y venezolanas.

Los jóvenes indígenas suelen estudiar menos años que los que no lo son. En Guatemala pasan por la escuela menos de cuatro años de media, una cantidad de tiempo que no permite al alumno escribir ni leer en forma correcta. En Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela cursan entre cuatro y seis años. En México y Nicaragua, de seis a ocho y en Argentina, Chile, Bolivia y Perú, más de ocho. En materia de años de escolaridad, los argentinos y nicaragüenses indígenas no están muy por debajo de los que no lo son, mientras que los panameños y los paraguayos son los que más sufren la desigualdad étnica.

En cuanto a la inserción laboral, el 47,1% de los jóvenes indígenas trabaja o busca empleo, mientras que el 57,2% de los que no lo son se encuentra en la misma situación. Esta diferencia puede estar explicada en parte porque los censos poblaciones a veces no registran como trabajadores a aquellos que se encuentran empleados en unidades productivas familiares.

Los adolescentes de 15 a 19 años de los pueblos originarios suelen comenzar a trabajar antes que el resto. Sin distinción de etnias, las jóvenes están menos insertadas en el mercado de trabajo que los varones, pero en el caso de las indígenas las estadísticas suelen desconocer sus actividades productivas tradicionales. Es en Costa Rica, Guatemala y Honduras donde las jóvenes de los pueblos originarios se hallan menos integradas al mundo laboral.

“Investigaciones recientes muestran una evidente relación entre los niveles de escolaridad de los jóvenes y su inserción en el mercado del trabajo”, recuerda el documenta de la CEPAL. “En consecuencia, si se toma en consideración que los indígenas tienen menos años de estudio que los no indígenas, su participación en la actividad económica se ve restringida a los empleos de menor calidad, de más bajos ingresos y con menor protección social. Más aun, en contextos modernos, esta situación de detrimento expone a los jóvenes a los empleos de mayor peligro”, advierte la organización que dirige Alicia Bárcena.

La CEPAL también señala que “el mayor acceso a la educación formal alcanzado por los jóvenes indígenas en el marco de modelos de aprendizaje homogeneizantes bien podría entrar en contradicción con sus derechos colectivos como miembros de pueblos diferenciados culturalmente”. Por eso la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los programas educacionales deben responder a las necesidades particulares de los pueblos indígenas y tener en cuenta su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

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